Fueron judicializados cuatro policías activos por su presunta participación en el transporte de cargamentos de marihuana

Judiciales

La Fiscalía General de la Nación ha logrado la judicialización de tres patrulleros, un intendente y un particular que presuntamente estarían involucrados en el transporte de dos cargamentos de marihuana a través de las vías del Valle del Cauca, los hechos ocurrieron la noche del 25 de octubre de 2022, en Ginebra (Valle del Cauca), cuando personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional detuvo un vehículo en el que se encontraban Freiber Andrés Albarracín Rojas y el patrullero Felipe Andrés Daza Gallo. Durante el registro del automóvil, los uniformados hallaron un total de 374 kilogramos de marihuana en el baúl y en el asiento trasero, además, se constató que el vehículo había sido reportado como robado el 27 de diciembre de 2021.

Durante el procedimiento, intervino el intendente Wilmer Rojas Umaña, quien se acercó en otro vehículo y afirmó que la sustancia había sido incautada previamente en Miranda (Cauca) y que estaban realizando el acompañamiento para ponerla a disposición, supuestamente por instrucción de un fiscal, poco después, en el mismo corredor vial, otras unidades de tránsito y transporte descubrieron 243 kilogramos adicionales de marihuana en otro vehículo que también había sido reportado como robado, durante las investigaciones, se determinó que este automóvil fue presuntamente abandonado por los patrulleros Juan Daniel Ochoa Pórtela y Eduin Harbey Pérez Ramírez, quienes habrían sido alertados por el intendente Rojas Umaña sobre los controles en el área.

Tanto el particular como los cuatro uniformados, quienes pertenecen a la SIJIN de la Policía Metropolitana de Villavicencio, fueron presentados ante un juez de control de garantías, el fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó varios delitos, entre ellos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; receptación agravada; falsedad marcaría; fraude procesal; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, los acusados no aceptaron los cargos y se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.

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