El asesinato de Ana Teresa Gualteros Morales en 2013 se convirtió en un símbolo de la lucha por justicia en el Quindío. Su cuerpo fue hallado en la vereda Los Pinos de Salento con más de 75 heridas cortopunzantes y signos de violencia sexual, además de quemaduras que buscaban dificultar su identificación. Las investigaciones revelaron que las agresiones ocurrieron en la madrugada del 22 de enero, poco después de que la víctima fuera vista por última vez con su pareja y un amigo en común.
Tras diez años de proceso judicial, en septiembre de 2023, Luis Alejandro Hurtado Zuleta fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado y acceso carnal violento. Sin embargo, el sentenciado se encontraba prófugo, ya que había sido absuelto inicialmente por presuntas irregularidades en las audiencias. En junio de 2024, fue capturado en un conjunto residencial de Armenia y trasladado a la Fiscalía para hacer efectiva su condena.
A pesar de esta sentencia, la familia de Ana Teresa sigue exigiendo respuestas sobre la posible implicación de Alejandro Castaño Marín, quien era su pareja y estuvo con ella la última vez que fue vista con vida. Aunque un juez ordenó que se investigara su participación en el crimen, hasta ahora no ha sido imputado ni condenado, dejando dudas sobre el alcance real de la justicia en este caso.
Durante la última década, los allegados a la víctima han denunciado constantes dilaciones en el proceso y han señalado que la madre del condenado, quien en su momento era fiscal del caso, pudo haber interferido para retrasar la investigación. Este crimen sigue siendo un reflejo de las barreras que enfrentan las familias de víctimas de violencia de género en Colombia, así como de la necesidad de garantizar procesos judiciales ágiles y efectivos.
