El reciente atentado contra un dragoneante del INPEC en Armenia estremeció a la comunidad quindiana y encendió las alarmas sobre la seguridad de quienes dedican su vida al servicio penitenciario. Más allá del hecho violento, el suceso puso en evidencia la necesidad de reforzar la protección de estos servidores públicos y de las familias que habitan en los alrededores del centro carcelario San Bernardo.
Con la convicción de no permitir que el miedo se apodere del territorio, la Gobernación del Quindío convocó una mesa interinstitucional en la que participaron la Alcaldía de Armenia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Ejército y directores de los establecimientos penitenciarios de la región. El objetivo: trazar una ruta conjunta que priorice la seguridad, la prevención y el bienestar ciudadano.
Durante la jornada, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya anunció una inversión significativa en cámaras de seguridad con inteligencia artificial, que permitirán un monitoreo más ágil y preciso en los alrededores del penal. “No se trata solo de tecnología, sino de proteger vidas y devolver la confianza a la gente”, manifestaron voceros del Gobierno Departamental.
Por su parte, el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, reafirmó que el trabajo articulado entre las instituciones busca evitar que hechos como este se repitan. “Estamos del lado de los funcionarios y de las comunidades. No vamos a permitir que la violencia interrumpa la paz de los quindianos”, aseguró.
A estas acciones se suma una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento del caso, así como la presencia permanente del Ejército y la Policía Nacional en los alrededores del centro penitenciario.
El mensaje que deja esta reacción institucional es claro: la unión y la cooperación entre autoridades y ciudadanía son el camino para mantener viva la esperanza y reconstruir la tranquilidad en el corazón del Quindío.
