La Fiscalía General de la Nación ha presentado una solicitud de audiencia de imputación contra el gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, y la exgobernadora del departamento, Amparo Arbeláez Escalante, debido a su supuesta implicación en una serie de irregularidades relacionadas con la donación de un terreno público a una entidad privada, los hechos bajo investigación tuvieron lugar en 2007, cuando la señora Arbeláez Escalante, en su calidad de gobernadora, tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental para autorizar la transferencia de bienes y luego celebró un contrato de cesión gratuita de un predio que abarcaba más de 19.529 metros cuadrados, dicha donación fue realizada a la Asociación Abrazar, en aquel entonces representada por el actual gobernador.
El valor del terreno, ubicado en Calarcá (Quindío), superaba los 12.100 millones de pesos, y aparentemente fue entregado sin costo alguno a la organización privada para la puesta en marcha de sus instalaciones, estas acciones, presuntamente, vulneraron varias normas de orden constitucional y legal, además, existen pruebas que señalan posibles inconsistencias en la documentación y los requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, lo cual habría inducido a error a los funcionarios encargados de protocolizar la transacción del terreno.
En consecuencia, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al gobernador y a la exgobernadora los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.
La fecha para la realización de esta diligencia será determinada por el Tribunal Superior de Bogotá.
