Por Luisa Villarraga
El presidente Gustavo Petro, ha sancionado una ley que permitirá a mujeres cabeza de familia en situación de marginalidad económica y con condenas menores a ocho años de prisión cumplir sus penas mediante trabajo comunitario. Esta ley, histórica en su naturaleza, busca liberar a alrededor de 5.000 mujeres privadas de la libertad en el país. Petro subrayó la importancia del afecto materno en la crianza de los niños y la necesidad de romper el ciclo de violencia y exclusión en la sociedad.
La normativa, que debe ser reglamentada en seis meses, está dirigida a mujeres con sentencias por delitos como microtráfico o hurto, que sean cabezas de familia y se encuentren en situación de marginalidad. El objetivo es que los jueces puedan sustituir las condenas por la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados, favoreciendo así la reconstrucción del tejido social afectado por los delitos.
El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, destacó que esta ley marca un cambio en la política penal y penitenciaria del país hacia un enfoque más humanista que resocialice a los condenados y reduzca la reincidencia delictiva. En los últimos años, el número de mujeres privadas de la libertad en Colombia ha aumentado significativamente, y esta ley busca cambiar esa tendencia impulsada por un enfoque punitivo.
