Colombia, es el único país en el mundo que impone prisión por errores administrativos, según la Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública

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En un contexto en el que la integridad y la transparencia son esenciales para cualquier administración pública, las revelaciones de irregularidades por parte de los gobernantes están erosionando la confianza de los electores con creciente intensidad, casos de corrupción, mal manejo de fondos públicos y prácticas nepotistas, arrojan una sombra sobre la gestión pública en Colombia, América Latina y en muchos países alrededor del mundo.

La actual crisis de legitimidad que afecta al estado colombiano es un reflejo de procesos históricos que demandan cambios estructurales en la forma en que se administran los recursos públicos, según datos recopilados por la Academia de la Gestión Pública, el 62% de los gestores públicos no son abogados, a pesar de que son los abogados quienes generalmente elaboran las normas, investigan conductas, juzgan y sancionan.

Este desconocimiento de las normas no exime a los nuevos gobernantes de su cumplimiento, es fundamental que se preparen para asumir este desafío y formen equipos con el conocimiento y la capacidad necesarios para resistir cualquier tentación, los datos revelan que, en los últimos 6 años, 4.320 servidores públicos han sido sancionados disciplinariamente, conocer los errores más comunes de los gestores públicos es vital para evitar caer en ellos.

Sandra Avellaneda Avendaño, Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública (AGP), destaca que “Colombia es el único país del mundo en el que se penalizan errores administrativos con privación de la libertad”, las cifras de la Academia de la Gestión Pública muestran que, de los 1.357 fallos con responsabilidad fiscal emitidos entre 2014 y 2021 por un órgano de control fiscal del país, solo el 3% está relacionado con actos de corrupción probados, mientras que el 97% restante corresponde a errores administrativos que resultan en culpa. Esto subraya la importancia de la preparación y el conocimiento para quienes desempeñan cargos públicos.

Sin embargo, es importante reconocer que la responsabilidad ya no recae exclusivamente en los funcionarios públicos, la gestión pública se ha transformado significativamente, y cada vez más el sector privado también comparte la responsabilidad en la gestión de recursos públicos y asuntos relacionados con el sector público. Interventores, supervisores, asesores, consultores y contratistas también pueden ser responsables, y es crucial que comprendan esta realidad para evitar errores costosos.

Además, el periodismo y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en este proceso, la información facilitada por los medios sobre los candidatos y las decisiones políticas ayuda a los votantes a tomar decisiones más informadas y aumenta la rendición de cuentas, lo que a su vez reduce la corrupción, en este contexto de cambio necesario, es fundamental que el sector público, el sector privado y la ciudadanía trabajen juntos para fortalecer la gestión pública y garantizar su seguridad. Con este propósito, el II Congreso Nacional de Gestión Pública “Tendencias y desafíos de la gestión pública moderna” se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de noviembre en la sede principal de la Cámara de Comercio de Bogotá. En este congreso se abordarán temas críticos, como los riesgos penales, fiscales y legales que enfrenta el sector privado en su relación con el sector público, las causas de las decisiones contra gerentes públicos y la lucha contra la corrupción, asuntos de interés primordial en un momento en el que se elegirán nuevos líderes regionales en Colombia.

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