La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha establecido tres nuevas subsalas regionales que abarcarán todo el territorio colombiano, esta medida tiene como objetivo resolver la situación jurídica de al menos 6 mil integrantes de la fuerza pública que no serían seleccionados como máximos responsables en crímenes durante el conflicto armado.
Estas Subsalas Especiales de Conocimiento y Decisión serán fundamentales dentro de la estrategia diseñada por la sala de definición en la ruta no sancionatoria de la JEP, se encargarán de estudiar los procesos y realizar los trámites necesarios para resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento de Verdad.
De esta manera, la Sala se anticipa al proceso no sancionatorio en casos que aún no han expedido auto de imputación, como los macrocasos 04, 06, 07, y los recientemente abiertos 08, 09, 10 y 11.
Los comparecientes que opten por la ruta no sancionatoria estarán sujetos a la realización de obras y proyectos restaurativos como parte de sus contribuciones a la restauración y reparación del daño causado a las víctimas, comunidades y territorios.
Las tres subsalas se dividen en subregiones de la siguiente manera:
Subsala regional 1: La Guajira, Magdalena, Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Huila y Tolima.
Subsala regional 2: Chocó, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
Subsala regional 3: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca, Boyacá, Caldas, Meta, Quindío, Risaralda, Santander y Cundinamarca.
Estas subsalas también revisarán los procesos de aquellos comparecientes que no clasifiquen en la investigación de los macrocasos por el tiempo en que ocurrieron los hechos, así como de aquellos que hayan formado parte de unidades militares no prioritarias en las investigaciones, pero que operaron en las regiones establecidas.
Estas nuevas subsalas se suman a otras ya creadas por la Sala de Definición en abril de este año, encargadas de implementar la ruta no sancionatoria para cerca de 900 comparecientes no seleccionados como máximos responsables en subcasos específicos.
