El Congreso de El Salvador, dominado por una amplia mayoría oficialista, votó a favor de extender por vigésima segunda vez el régimen de excepción, el cual suspende garantías constitucionales, por un período de 30 días, esta medida coincide con la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 4 de febrero.
Más de 5.5 millones de ciudadanos están convocados a participar en estos comicios, donde el presidente Nayib Bukele buscará su controvertida reelección inmediata, a pesar de enfrentar señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo había sostenido en el pasado.
La ampliación del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 debido a un aumento de homicidios atribuido a pandillas o maras, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados, generando críticas por parte de la oposición.
Esta nueva extensión entrará en vigencia el 12 de enero, previo a su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos perdurarán hasta el próximo 10 de febrero. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, exsecretario de Bukele, defendió la medida, negando que represente una amenaza para los opositores o una propaganda oficialista, calificándolo como una percepción propia de “delincuentes”.
Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, votó en contra de la extensión y destacó que el régimen de excepción no es una política de seguridad, sino la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreños. Subrayó las preocupaciones sobre la captura de personas inocentes y señaló que, aunque se perciba mayor seguridad, también se han registrado acciones cuestionables por parte del Gobierno.
De acuerdo con datos oficiales, desde marzo de 2022, se han realizado más de 75.100 detenciones de personas acusadas por el Gobierno de ser pandilleros o colaboradores, con más de 7.000 personas liberadas bajo libertad condicional. Organizaciones humanitarias denuncian más de 6.000 víctimas de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos sin orden.
