La Defensoría del Pueblo alerta sobre la preocupante escalada del delito de extorsión en Colombia, instando a la institucionalidad gubernamental a implementar medidas efectivas para abordar esta problemática que afecta considerablemente la seguridad ciudadana.
Según las estadísticas del portal Siedco, de la Policía Nacional, se observa un incremento constante en los casos de extorsión en los últimos cuatro años. En el 2020 se reportaron 8.188 casos, en el 2021 aumentaron a 8.342, en el 2022 a 9.791, y en el 2023 la cifra llegó a 9.871, representando un aumento del 20,5%. Los departamentos más afectados son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señala que las denuncias indican que las extorsiones provienen tanto de grupos ilegales organizados como de internos en el sistema penitenciario y carcelario. Este último grupo utiliza llamadas de celular para extorsionar, siendo un fenómeno preocupante y en aumento.
Además, se informa que directores de establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, evidenciando la necesidad de abordar la problemática en su conjunto.
La Defensoría del Pueblo reconoce la ‘Operación Dominó’ liderada por el Inpec, pero destaca la urgencia de un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para modernizar el sistema penitenciario con tecnología de punta 4G o 5G. De los 125 establecimientos a cargo del Inpec, solo en 16 se ha instalado el sistema de inhibición de señal, y de ellos, solo en seis funcionan con tecnología 2.5G
La Defensoría también insta al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras de telefonía celular para establecer mecanismos de prevención, como la identificación de llamadas realizadas desde los establecimientos penitenciarios, contribuyendo así a combatir este delito y garantizar la seguridad de la población.
