Desde el 7 de febrero, se vienen presentando intensos enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que han sumido en una profunda crisis humanitaria a la zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, cerca de 800 familias de cinco veredas se encuentran confinadas y en situación de desplazamiento forzado debido al conflicto armado que busca el control territorial.
La escalada de los combates ha desencadenado una grave crisis humanitaria, los derechos fundamentales a la libre movilidad, la salud y la alimentación de los habitantes del nordeste antioqueño están siendo vulnerados, con escasez de alimentos, combustibles y medicinas.
En respuesta a la crisis, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, lideró una reunión interinstitucional para abordar la situación y proporcionar ayuda a las comunidades afectadas, se espera la apertura de un corredor humanitario en colaboración con entidades nacionales, departamentales y cooperantes internacionales para llevar asistencia de emergencia a las familias confinadas.
En la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Regional Antioquia de la Defensoría en Medellín, participaron representantes de diversos organismos estatales y organizaciones internacionales, como ministerios, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación y agencias como la ONU Derechos Humanos Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
A pesar de los riesgos, muchos afectados han optado por abandonar sus hogares en busca de seguridad, enfrentándose al peligro de quedar atrapados en medio del fuego cruzado, lamentablemente la violencia ya ha cobrado víctimas inocentes, una persona resultó herida por una mina antipersonal en la vereda Los Aguacates, evidenciando las flagrantes infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados ilegales. La población civil no debe ser afectada por las hostilidades, enfatizó Carlos Camargo Assis.
La crisis humanitaria en Segovia exige una acción urgente y contundente por parte del Estado colombiano y la comunidad internacional.
