Por: Anyi Gironza
El reciente Proyecto de Acuerdo 003 de 2024, presentado ante el Concejo Municipal de Armenia, otorga al mandatario local la autorización para celebrar contratos de concesión con el fin de mejorar los servicios de tránsito en la capital quindiana. En este sentido, se propone la implementación de 20 cámaras de fotomultas en diversos sectores de la ciudad para agilizar el control vehicular.
El proyecto respalda la instalación inicial de cámaras en puntos críticos de la ciudad para mejorar la movilidad y detectar infracciones de tránsito. Sin embargo, la propuesta del alcalde James Padilla García sugiere que la gestión de la recaudación sea delegada a un ente privado de Medellín, que pondrá toda la infraestructura para el proyecto y hará los pertinentes cobros que generen las multas de la fotodetección, el cual el recaudo será dividido entre el municipio y el concesionario. Este involucramiento de actores privados ha generado cierta preocupación entre los ciudadanos.
El propósito de esta tecnología es identificar las posibles infracciones de tránsito cometidas por los conductores, tales como exceso de velocidad, desobediencia de semáforos, o circulación sin los debidos documentos como el SOAT o la revisión tecnicomecánica, así como en días restringidos por el pico y placa. Luego, los agentes de tránsito revisarán las imágenes captadas y serán responsables de confirmar la multa digital.
El proyecto ha generado críticas debido al temor de que se produzca un debilitamiento de lo público al concesionar el servicio a una entidad privada. Este aspecto ha sido objeto de controversia entre la ciudadanía, que cuestiona la transparencia y la justicia en el proceso de adjudicación de contratos públicos. Algunos sectores expresan preocupación por la posibilidad de que se den prácticas corruptas o favoritismo en la selección de la empresa encargada de operar las cámaras de fotomultas.
¿Y usted qué opina de esto?
