El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-123 en respuesta a una acción de tutela presentada por una pareja de adultos mayores campesinos, respaldados por la clínica jurídica del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, Este caso, vinculado al desplazamiento causado por el desbordamiento del Río Bojabá en Saravena, Arauca, puso de relieve un vacío legal y regulatorio en Colombia con respecto al desplazamiento forzado por motivos ambientales.
Tradicionalmente, el desplazamiento forzado en Colombia se había asociado únicamente al conflicto armado, Sin embargo, esta sentencia marca un hito al reconocer que el fenómeno es multicausal y puede ser desencadenado por desastres naturales, María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, destacó que la decisión de la Corte tiene un efecto “inter comunis”, extendiéndose a otras personas de la comunidad que podrían haber sido afectadas por el mismo evento.
Además de reconocer la importancia de los estándares internacionales en la protección de los derechos de las personas desplazadas, la sentencia incorpora los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno al bloque de constitucionalidad colombiano, Asimismo, insta al Congreso de la República a desarrollar un marco normativo integral para abordar el desplazamiento forzado, independientemente de su causa.
Este avance posiciona a Colombia como el segundo país de América Latina, después de Perú, en reconocer las diversas causales de desplazamiento forzado interno, Torres subrayó el compromiso del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario en seguir apoyando a la comunidad en el cumplimiento de las órdenes de la sentencia.
