A pesar de las intenciones por parte del Gobierno Departamental y la Universidad del Quindío de avanzar en el proyecto de residencias universitarias en Armenia, el proceso enfrenta una fuerte incertidumbre jurídica. La razón principal es que el predio ofrecido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde se espera desarrollar el proyecto, aún se encuentra en proceso de extinción de dominio. Esta situación impide garantizar su estabilidad jurídica y permite que el inmueble pueda ser reclamado por su antiguo dueño en cualquier momento.
Como condición obligatoria para la entrega del predio en comodato, la SAE estableció que este podría ser solicitado de regreso en un plazo máximo de cinco días, sin importar el motivo. Esta cláusula pone en riesgo el bienestar de los estudiantes que lleguen a habitar el lugar y representa un obstáculo serio para garantizar continuidad y permanencia en el uso del inmueble, especialmente si se considera la inversión pública proyectada desde fondos como el Sistema General de Regalías.
Desde la Universidad del Quindío y la Gobernación se insiste en que dicha cláusula vulnera los principios de estabilidad de la inversión pública, además de generar una posible pérdida de recursos públicos. También se advierte que el anuncio oficial del ministro de Educación, hecho en septiembre de 2024 sobre la cesión del edificio Asturias, aún no se ha concretado. Ambas instituciones mantienen su compromiso con el proyecto y hacen un llamado a la SAE para buscar soluciones que brinden seguridad jurídica y social a una iniciativa clave para la comunidad estudiantil del departamento.
