En el sector de Schooner Bight, en San Andrés, se concentran las dos infraestructuras con mayor impacto ambiental de la isla: el relleno sanitario Magic Garden y una planta térmica que funciona con diésel. Allí también se encuentra la planta de incineración de residuos, que permaneció más de una década inactiva pese a haber sido construida con la promesa de solucionar el problema de acumulación de basuras y generar energía. Aunque hoy por fin entra en su fase de pruebas finales, la incertidumbre sobre su eficiencia y su real impacto sigue latente entre la comunidad.
Durante años, Magic Garden ha recibido sin pausa los residuos de más de 60.000 habitantes y de un flujo turístico que supera el millón de personas anuales. La ausencia de un sistema de reciclaje hace que incluso materiales reutilizables terminen enterrados, alimentando una montaña de basura que ya ha superado su capacidad inicial con creces. Aunque se han realizado maniobras de compactación para extender su vida útil, los límites técnicos y legales del relleno están por agotarse, sin una solución definitiva a la vista.
Mientras tanto, la planta de incineración, que busca procesar los residuos para generar energía, apenas ha alcanzado un 30 % de su capacidad operativa. Técnicamente, podría incinerar hasta 80 toneladas diarias, volumen que coincide con la producción actual de residuos en la isla. Sin embargo, existe un 30 % de desechos que no pueden aprovecharse térmicamente y que siguen siendo enterrados, ya que la isla no cuenta con un sistema efectivo de separación y transporte de reciclables hacia el continente, donde sí podrían tener un segundo uso.
A pesar de ser un proyecto millonario y único en el país, su implementación tardía y los costos de producción hacen que los beneficios esperados, como una reducción en las tarifas de energía, estén lejos de cumplirse. Incluso podría implicar un encarecimiento del servicio para los hogares. El funcionamiento de la planta, además, no ha ido acompañado de un sistema de reciclaje obligatorio, como lo ordenó hace años un alto tribunal, lo que debilita su potencial impacto ambiental positivo.
Para los habitantes de Schooner Bight, que han soportado durante años los efectos del ruido, los malos olores, y las amenazas a su salud, el inicio de operaciones de la planta no representa una solución inmediata. La comunidad reclama que ya han esperado demasiado y que no pueden seguir siendo el centro de acopio de todos los residuos de la isla. La preocupación no es solo ambiental, sino también social, pues sienten que siguen cargando con las consecuencias de decisiones que se ejecutan tarde y sin una visión integral de sostenibilidad.
