A través de una carta dirigida al Ministerio de Hacienda, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) expresó su preocupación frente al proyecto de decreto que plantea un incremento en las tarifas de autorretención en la fuente para 2024, así como el anticipo de pagos correspondientes al impuesto sobre la renta del año siguiente.
Según el gremio, esta medida es no solo inoportuna, sino también injustificada desde el punto de vista técnico. En la comunicación, firmada por su presidente Bruce Mac Master, los empresarios advierten que la iniciativa podría frenar la recuperación económica que comienza a mostrar señales de mejoría, afectando directamente el flujo de caja de las empresas y generando distorsiones en las finanzas públicas.
La Andi señala que el decreto, de ser aprobado, anticiparía un recaudo de al menos $7,8 billones por concepto de renta 2025, sin que exista un cambio normativo que sustente dicho ajuste ni una mejora significativa en los márgenes de rentabilidad de los sectores involucrados.
El gremio también recordó los efectos negativos que tuvo una medida similar en 2023, cuando el Decreto 261 elevó las tasas de autorretención por encima de la capacidad real de tributación del sector productivo. Esto provocó saldos a favor, solicitudes masivas de devolución y pagos con TIDIS, lo que derivó en una reducción del recaudo neto en 2024.
“La experiencia nos ha demostrado que si se impone una retención mayor al impuesto efectivamente causado, el impacto termina siendo contrario: se incrementan los saldos a favor, se reduce el recaudo y se eleva el costo financiero de las empresas, por la presión sobre su capital de trabajo”, señala la misiva.
La Andi también advirtió sobre el fuerte aumento que tendrían las tarifas de autorretención en más de 270 actividades económicas, con incrementos que oscilan entre el 4% y el 218%. Entre los sectores más impactados estarían salud, educación, transporte, agroindustria, comercio, cultura, manufactura y servicios financieros. Por ejemplo, en el caso de hospitales, restaurantes y aseguradoras, la tarifa pasaría del 1,10% al 3,5%, triplicando su valor.
Ante este panorama, el gremio empresarial hizo un llamado al Gobierno para revisar a fondo la medida y evitar un retroceso en el proceso de recuperación económica del país.
