La Contraloría General de la República destapó un preocupante panorama sobre el manejo de los fondos destinados al agua potable y saneamiento básico en Colombia. Entre 2020 y 2024, se detectaron irregularidades que ascienden a $94.579 millones, producto de deficiencias en la planeación, administración y ejecución de proyectos financiados a través del Sistema General de Participaciones para este sector.
Durante las auditorías y en respuesta a denuncias ciudadanas, se encontraron 122 hallazgos fiscales y 25 casos con presunta incidencia penal. Entre las fallas más graves figuran obras inconclusas o que no cumplen con las especificaciones técnicas, atrasos en las entregas y uso de los recursos en gastos no autorizados, como la compra de combustibles y materiales de ferretería, alejados de los fines para los que fueron asignados.
Un ejemplo representativo se dio en varios municipios de Bolívar, donde los sistemas de acueducto y alcantarillado no funcionan adecuadamente debido a estudios técnicos previos mal elaborados y proyectos mal formulados, generando un daño fiscal de más de $2.700 millones.
El análisis de la Contraloría también expone prácticas irregulares en la asignación de subsidios, beneficiando a usuarios que no cumplían con los criterios establecidos debido a bases de datos desactualizadas y errores en la estratificación socioeconómica. Municipios como Tibú, Los Patios, El Zulia, Granada, Yopal, Popayán y Palmira fueron señalados por estas anomalías.
Además, durante 2024 se registraron más de $103.000 millones destinados a actividades no elegibles, siendo Uribia, Montería, Puerto Escondido, Sabaneta y Arboletes los municipios con mayores montos comprometidos.
La Contraloría enfatizó que estas fallas estructurales en la planeación, supervisión y control interno comprometen la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, afectando la calidad, continuidad y eficiencia del servicio a las comunidades.
