Erika, una migrante guatemalteca embarazada de ocho meses, fue detenida tras caminar sola durante dos días por el desierto de Arizona. Luego de ser capturada por la Patrulla Fronteriza, fue hospitalizada y dio a luz en el Centro Médico de Tucson, bajo la vigilancia constante de agentes federales.
La mujer, cuyo caso fue compartido por su abogado Luis Campos a CNN, había cruzado la frontera cerca de Tres Bellotas Ranch, al suroeste de Tucson. Apenas dos días después del parto, fue puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras enfrenta un proceso de deportación.
El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos migratorios, quienes denuncian que las autoridades impidieron al abogado comunicarse con Erika durante varios días y no le permitieron acceder al hospital ni obtener su firma para representarla legalmente. Campos argumenta que esto vulnera su derecho constitucional a defensa.
Este episodio se da en medio de una política migratoria estricta que, desde la era Trump, ha flexibilizado las restricciones para que agentes de inmigración actúen incluso en hospitales, escuelas e iglesias, afectando a madres migrantes y sus hijos nacidos en EE. UU.
