La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente sobre el deterioro de la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde el enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc ha desatado una ola de violencia que, en poco más de tres meses, ha dejado un saldo devastador: cerca de 65.000 personas desplazadas forzosamente y más de 12.900 en situación de confinamiento.
El informe, presentado este martes 6 de mayo en Cúcuta, destaca que entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025 se han registrado 117 homicidios y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre ellas, el uso de drones con explosivos, minas antipersonal, ataques cercanos a escuelas y comunidades indígenas, además de casos de violencia sexual.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la respuesta estatal, incluida la declaratoria de conmoción interior, ha sido insuficiente frente a la magnitud del conflicto. Señaló también que el pueblo indígena Barí enfrenta amenazas de exterminio físico y cultural.
El informe también denuncia el reclutamiento forzado de menores: 42 niños, niñas y adolescentes han sido rescatados de las filas armadas en lo que va del año.
Sobre los firmantes del acuerdo de paz, la situación también es crítica. De los 464 que residían en la región a finales de 2024, solo 41 siguen en el antiguo Espacio Territorial de Caño Indio. El resto ha sido desplazado, confinado, trasladado por seguridad o ha sido víctima de asesinatos y desapariciones.
La Defensoría urgió al Gobierno a reforzar las acciones humanitarias con enfoque diferencial y a tomar medidas inmediatas para garantizar la protección de la población civil, los firmantes de paz, líderes sociales y comunidades étnicas.
