Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de “cambiar radicalmente” el modelo de administración y vigilancia en puertos y aeropuertos, argumentando que estas infraestructuras habrían sido infiltradas por narcotraficantes y contrabandistas, los gremios empresariales respondieron con contundencia.
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), afirmó que es el Estado —no los concesionarios privados— el directamente responsable de combatir actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando. Señaló que entidades como la Policía Antinarcóticos, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Sijín, la Dijín y la Dian tienen a su cargo estas labores de control.
Caicedo también defendió el modelo actual de operación privada, destacando que, según evaluaciones del Banco Mundial y Standard & Poor’s, los puertos de Cartagena y Buenaventura figuran entre los 50 más eficientes del mundo. Añadió que el volumen de carga movilizada pasó de 48,6 millones de toneladas en 1994 a 180 millones en 2024, lo que representa un crecimiento del 272%.
“El cambio que propone el presidente implicaría un retroceso de más de 30 años y nos haría revivir los tiempos de Colpuertos, una entidad estatal marcada por la corrupción y la ineficiencia”, advirtió Caicedo.
