Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación ha puesto al descubierto presuntas anomalías en la contratación de personal médico en un dispensario de las Fuerzas Militares en Bucaramanga, entre los años 2017 y 2022. El caso involucra a catorce personas, entre oficiales activos, retirados del Ejército Nacional y una civil, quienes habrían participado en la suscripción de contratos irregulares por cientos de millones de pesos.
Según la entidad investigadora, se habrían celebrado seis contratos de prestación de servicios con Daisy Carolina Sosa Hernández, por un valor total de $345 millones, con el fin de que actuara como anestesióloga en procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, las indagaciones revelaron que la mujer no contaba con la especialización requerida, ni estaba registrada en el sistema oficial ReTHUS, lo cual la inhabilitaba para ejercer funciones clínicas en el ámbito público.
Pese a ello, y con el presunto aval de varios miembros del Ejército que operaban en el centro médico, Sosa Hernández fue contratada y ejerció como especialista, en lo que sería una flagrante omisión de los controles necesarios para validar la idoneidad profesional en un entorno de alta responsabilidad.
El proceso penal señala como presuntos responsables a cinco oficiales en servicio y nueve exintegrantes de la institución, quienes habrían facilitado o avalado estas contrataciones sin verificar debidamente los documentos presentados por la profesional. Entre ellos figuran altos mandos como los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo, el mayor Belisario Zea Quintero y los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García, así como varios exfuncionarios administrativos del Ejército.
La Fiscalía, a través de su unidad especializada en delitos contra la administración pública, imputó a los investigados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin requisitos legales y falsedad documental. Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, el caso continuará su curso ante la justicia.
Este escándalo pone en tela de juicio los procedimientos internos de contratación en los centros médicos militares, donde se presume que no solo se vulneraron normas legales, sino también la seguridad de los pacientes atendidos por personal no calificado. Las autoridades anunciaron que seguirán recopilando pruebas para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar si hay más personas involucradas.
