En un operativo ejecutado por la Policía Nacional en el municipio de Córdoba, Quindío, fueron capturadas cuatro personas que habrían estado involucradas en una serie de robos bajo una modalidad de engaño, en la que se hacían pasar por agentes judiciales para despojar a sus víctimas de dinero y objetos de valor.
Los hechos ocurrieron en el centro de la población, donde un adulto mayor fue abordado por tres hombres y una mujer que, con argumentos falsos y supuestas credenciales de la Policía Judicial, lo intimidaron exigiéndole una inspección personal. Durante el procedimiento fraudulento, los implicados le arrebataron $2.500.000, justificando que el dinero provenía de actividades ilegales, y huyeron del lugar.
La rápida denuncia del afectado ante patrulleros de la estación local permitió activar un plan candado que condujo a la ubicación del vehículo sospechoso. Al ser interceptados y registrados, se halló el dinero en posesión de los ocupantes, quienes además intentaron sobornar a los policías ofreciendo medio millón de pesos y una joya de oro para evitar su judicialización.
Las autoridades confirmaron que los capturados tendrían relación con otros casos recientes de hurto cometidos en Salento y Córdoba mediante el mismo método, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una banda delincuencial dedicada a estafar y robar a ciudadanos con el uso indebido de insignias oficiales.
Durante las verificaciones, también se descubrió que el vehículo en el que se movilizaban tenía un requerimiento activo por parte de INTERPOL, lo que añade un componente internacional al proceso judicial en curso.
Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 24 y los 49 años, presentan antecedentes por múltiples delitos, incluidos hurto calificado, estafa y tráfico de estupefacientes. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de hurto agravado, usurpación de funciones públicas, falsedad en documento y cohecho.
La Policía del Quindío reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos y alertar sobre personas que, sin ser autoridades legítimas, intenten realizar procedimientos judiciales en la vía pública.