En un país donde miles de empleados aún esperan mejoras en sus condiciones laborales, los congresistas colombianos verán incrementado su salario mensual en un 7%, pasando de $48 millones a cerca de $52 millones, con un ajuste retroactivo aplicable desde enero de 2025. El alza representa un aumento aproximado de $3.360.000 por parlamentario.
Esta medida, que automáticamente se aplica a senadores y representantes por disposición legal, surge del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y los sindicatos del sector público el pasado 30 de abril. Aunque el convenio tenía como fin beneficiar a los empleados estatales, su efecto colateral ha reavivado el debate sobre los privilegios del poder legislativo.
El nuevo salario de los congresistas representa 37 veces el salario mínimo legal vigente, un dato que ha alimentado el malestar ciudadano y generado amplias críticas en redes sociales y medios de comunicación, especialmente por la evidente desigualdad frente al común de los trabajadores colombianos.
A las críticas por el elevado ingreso mensual, se suman cuestionamientos por los beneficios adicionales que continúan disfrutando los parlamentarios, como esquemas de transporte, seguridad, y viáticos, entre otros. Para diversos analistas y sectores sociales, esta situación refleja una desconexión profunda entre la clase política y las realidades del país.
