El futuro de la regla fiscal en Colombia se encuentra en un momento crítico. El Gobierno Nacional analiza la posibilidad de aplicar una suspensión temporal de esta norma, ante las crecientes dificultades fiscales y la caída de los ingresos públicos. Esta discusión se vuelve aún más relevante en el contexto de las próximas revisiones de calificación crediticia por parte de agencias internacionales.
Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda indican que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) abordará esta decisión el lunes 9 de junio. En esa sesión se presentarían los argumentos técnicos que respaldan la activación de la cláusula de escape, contemplada en la Ley 1473 de 2011, la cual permite interrumpir temporalmente el cumplimiento de la regla fiscal bajo circunstancias excepcionales.
El principal motivo detrás de esta propuesta es la imposibilidad de mantener el déficit fiscal en el nivel proyectado del 5,1 % del PIB para este año. De acuerdo con estimaciones del equipo técnico del Ministerio, el desbalance podría superar el 7 %, afectando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y acentuando los riesgos para la estabilidad financiera del país.
La regla fiscal, adoptada como herramienta para promover la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, establece límites al crecimiento del déficit y la deuda estatal. Su eventual suspensión representaría un cambio importante en la política fiscal y podría generar inquietudes en los mercados, especialmente si no está respaldada por un plan claro para recuperar la senda de equilibrio.
Aunque la ley contempla la suspensión de la regla en casos extremos como emergencias sanitarias o desastres naturales —como ocurrió durante la pandemia—, el contexto actual es distinto, ya que no hay un evento extraordinario concreto que justifique la medida. Esto podría afectar la percepción de responsabilidad fiscal del país ante los inversionistas.
En 2024, el país cerró con un déficit fiscal de 6,8 % del PIB, cifra que ya había superado el límite previsto de 5,6 %. Las causas incluyeron menores ingresos tributarios, aumentos en el gasto y un panorama económico menos dinámico. Para 2025, el compromiso era reducir el déficit al 5,1 %, pero el escenario actual hace poco probable ese cumplimiento sin aplicar ajustes de gasto público que el Gobierno no contempla debido a sus programas sociales y de inversión.
Esta decisión, de concretarse, marcaría un nuevo capítulo en la política económica del país y pondrá a prueba su credibilidad fiscal a ojos del mundo.
