Una familia de Georgia podrá seguir adelante con su proceso legal contra el gobierno federal tras un fallo unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ordenó al tribunal de apelaciones reconsiderar el caso de un allanamiento equivocado realizado por el FBI hace ocho años.
El caso se remonta a 2017, cuando un equipo táctico irrumpió en la vivienda de Curtrina Martin, su pareja y su hijo pequeño, creyendo que se trataba del domicilio de un presunto pandillero. En medio de la madrugada, los agentes forzaron la entrada con un ariete, lanzaron una granada de estruendo y apuntaron con armas a los ocupantes. Poco después, los agentes se percataron de que habían ingresado al lugar equivocado.
En principio, tribunales inferiores negaron a la familia la posibilidad de demandar al Estado por los daños sufridos. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal revoca ese precedente, al enviar el caso de regreso al 11° Circuito de Apelaciones, con sede en Atlanta, para una nueva evaluación.
El juez Neil Gorsuch, quien escribió la opinión de la Corte, resaltó que la legislación federal contempla excepciones a la inmunidad del gobierno, permitiendo demandas por actos negligentes o indebidos de funcionarios públicos. Esta base legal, fortalecida por reformas en la década de 1970 tras redadas erróneas de alto perfil, fue central en la argumentación del fallo.
Patrick Jaicomo, abogado del Instituto para la Justicia —organización que representa a la familia—, calificó el fallo como un paso importante para la rendición de cuentas: “El tribunal ha reconocido que la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios tiene como propósito brindar justicia a quienes han sido perjudicados por errores del gobierno, incluso cuando estos errores ocurren en el contexto de operativos federales”.
Aunque aún no se determina si la familia recibirá compensación, la decisión representa una oportunidad para que su caso sea revisado con nuevas garantías en una instancia superior.
