El Congreso dio un paso clave este martes 17 de junio al dar luz verde a la reforma laboral, que ahora pasará a conciliación entre Cámara y Senado. Uno de los puntos más polémicos que sobrevivió al debate fue la modificación al esquema de contratación de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), quienes pasarán a tener un vínculo laboral formal, con acceso a salario mínimo, prestaciones y bonificación.
Este ajuste quedó incluido en el artículo 23 de la reforma, que redefine la figura del contrato de aprendizaje. De acuerdo con lo aprobado, quienes se encuentren en etapa de formación teórica recibirán el 75% del salario mínimo vigente (alrededor de $1.067.300), mientras que en la fase práctica el pago será equivalente al 100% (aproximadamente $1.423.500).
Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del Sena, calificó la aprobación como un avance histórico que garantiza mayores derechos y estabilidad a miles de jóvenes de sectores populares que combinan estudio y práctica. “Es un logro significativo para la educación técnica y tecnológica del país. Agradecemos el respaldo del presidente Petro, quien siempre ha reconocido el valor de nuestros aprendices”, señaló.
En contraste, Fenalco —la Federación Nacional de Comerciantes— manifestó su desacuerdo, argumentando que la nueva obligación genera una carga financiera considerable para el empresariado y distorsiona el propósito pedagógico del contrato de aprendizaje. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, explicó que convertir a los aprendices en empleados formales incrementará los costos laborales en más de 3,6 billones de pesos, lo que podría poner en riesgo la continuidad de este modelo de formación dual.
“Los estudiantes están en etapa de formación, no son trabajadores en sentido estricto. Esta medida eleva los gastos de contratación y limita las oportunidades de adquirir experiencia, afectando a quienes se pretende proteger”, enfatizó Cabal.
El tema continuará generando debate mientras se surte la etapa de conciliación y reglamentación de la reforma. Tanto los sectores que respaldan la iniciativa como quienes la critican coinciden en que la medida transformará la forma en que se vinculan y capacitan miles de jóvenes en Colombia.
