Una decisión judicial conocida en las últimas horas determinó que el Estado colombiano incurrió en omisión frente a su deber de proteger al senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado armado el pasado 7 de junio en Bogotá, mientras participaba en un acto de campaña.
La conclusión fue emitida por un juez durante la audiencia en la que se legalizó la captura y se impuso medida de aseguramiento contra Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, presunto cabecilla detrás del ataque. La autoridad judicial consideró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) falló en su labor preventiva al desatender las advertencias sobre el riesgo que enfrentaba el congresista.
El abogado del senador, Víctor Mosquera, expresó que la resolución del juez confirma lo que habían venido denunciando desde hace meses: una falta de respuesta clara y efectiva del Estado para garantizar la vida de un dirigente político que ha recibido amenazas y cuya actividad lo exponía a un riesgo elevado. “Hubo advertencias, hubo solicitudes, pero no hubo acción”, puntualizó.
El caso ha reavivado la preocupación por la seguridad de líderes políticos, especialmente en un año preelectoral. Uribe Turbay, quien aspira a la Presidencia por el partido Centro Democrático, recibió tres impactos de bala —dos en la cabeza y uno en una pierna— y permanece bajo atención médica especializada.
Desde el entorno del senador se denunció que durante este año se presentaron al menos 23 solicitudes formales para aumentar las medidas de seguridad, las cuales fueron rechazadas o ignoradas por la UNP. Además, el día del atentado, el esquema de protección fue reducido inexplicablemente.
El presidente Gustavo Petro reconoció públicamente esa reducción, calificándola como “injustificada”, y solicitó investigar a fondo lo ocurrido. A raíz de los hechos, la familia del político interpuso una denuncia penal contra la UNP por presunta negligencia institucional.
Alias el Costeño, quien fue capturado tras semanas de seguimiento, es la quinta persona arrestada en el marco de las investigaciones por este atentado, que generó una ola de rechazo por parte de distintos sectores políticos y sociales.
Esta decisión judicial deja claro que la omisión también puede tener consecuencias graves, y lanza un mensaje de advertencia a las entidades encargadas de la protección de figuras públicas: no actuar a tiempo puede convertirse en una falla de enormes proporciones. La seguridad, aseguran los expertos, no puede estar sujeta a decisiones administrativas ni a cálculos políticos.
