La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra varios funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por posibles irregularidades en el proceso meritocrático para la designación de cargos directivos en distintas regiones del país.
De acuerdo con el ente de control, el proceso, que fue presentado como una convocatoria pública y basada en el mérito, podría haber vulnerado los derechos de más de 2.000 aspirantes admitidos durante la vigencia 2023. Uno de los puntos que genera preocupación es la supuesta omisión en la citación a la etapa de entrevistas, la cual es clave para la definición final de quienes ocuparían dichos cargos.
La Procuraduría busca establecer si se rompió el principio de confianza legítima, afectando así la transparencia y equidad del concurso. En ese sentido, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ya ordenó la recolección de material probatorio, entre ellos documentos oficiales, registros de evaluación y comunicaciones internas, que permitan determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley o faltas disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados.
El Ministerio Público recordó que este tipo de procesos deben garantizar igualdad de oportunidades, cumplimiento de los principios constitucionales y respeto por quienes participan con la expectativa legítima de acceder a cargos públicos bajo reglas claras y justas.
La investigación avanza mientras crece la expectativa entre los aspirantes y se solicita claridad frente a la continuidad del proceso y posibles responsabilidades.
