En medio del ambiente político agitado tras la instalación del nuevo periodo legislativo, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que podría convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra los grupos armados ilegales. La propuesta, liderada por el Ministerio de Justicia, busca brindar al Estado un marco legal robusto para enfrentar de manera diferenciada a quienes aún hoy empuñan las armas contra el país.
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, radicó el articulado ante el Congreso acompañado de los viceministros Olga Claros y Yefferson Dueñas. Durante su intervención, explicó que la iniciativa contempla una respuesta jurídica ajustada a la naturaleza de cada grupo armado: diálogo político para los que tienen reivindicaciones ideológicas, como el ELN y las disidencias de las Farc, y un mecanismo de sometimiento judicial para estructuras criminales como el Clan del Golfo.
“Es un proyecto que traza líneas firmes, sin confundir justicia con impunidad. No se negocian penas, se construyen soluciones de verdad, reparación y garantías de no repetición”, afirmó Montealegre.
Entre los requisitos para acceder a eventuales beneficios jurídicos se encuentran la entrega total de armas, la colaboración en el desmantelamiento de las estructuras ilegales, la reparación efectiva a las víctimas y un compromiso claro con la no repetición de delitos. Además, la propuesta contempla mínimos de privación de libertad como garantía para las víctimas.
La iniciativa del Ejecutivo llega justo después de que el presidente Gustavo Petro reconociera las dificultades de consolidar su apuesta por la paz total. A pesar de estos obstáculos, el Gobierno insiste en que el país no puede seguir atrapado en ciclos de violencia sin salidas jurídicas creíbles.
El proyecto será discutido en los próximos meses en el Congreso y promete abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de la reconciliación nacional, sin perder de vista la legalidad y los derechos de quienes han sido víctimas del conflicto.
Tratamiento diferenciado según el tipo de grupo:
- Grupos con carácter político (ELN, disidencias de las Farc): podrán ser reconocidos como actores políticos para facilitar negociaciones de paz.
- Grupos criminales (Clan del Golfo y similares): serán sometidos a la justicia con beneficios condicionados a colaboración, entrega de armas y desmantelamiento de estructuras.
- Mensaje del Gobierno:
- No se premian criminales: el enfoque es terminar la violencia y proteger a las comunidades.
- Reconocimiento de límites: El presidente Petro admitió que aún no se ha logrado la paz total.
