La Procuraduría General de la Nación adoptó medidas ejemplares contra la falsificación de documentos académicos en el sector educativo, al sancionar a dos docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Bogotá por presentar títulos profesionales inexistentes.
El organismo de control determinó la destitución e inhabilidad por 10 años de Maikey Guerrero Franco, quien aseguró haber cursado una especialización en Gerencia de Proyectos en la Universidad de La Salle, información que resultó ser falsa.
Por los mismos hechos, también fue sancionada Yudi Lesnaida Umbarila Olivares, a quien se le comprobó la entrega de diplomas fraudulentos como licenciada de la Universidad Distrital y especialista de la Fundación Universitaria del Área Andina. Tras aceptar su responsabilidad, recibió una sanción de seis años y seis meses.
La Procuraduría calificó las faltas como gravísimas a título de dolo, subrayando que los implicados vulneraron principios esenciales de la función pública como la moralidad, la transparencia y la lealtad.
Este caso reaviva el debate sobre los mecanismos de control en la contratación del personal educativo y la importancia de blindar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de formar a las nuevas generaciones.
