La nueva ley de financiamiento impulsada por el Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en distintos sectores por los efectos que podría tener sobre la competitividad, la transición energética y el costo de vida de los colombianos.
El paquete de medidas incluye un impuesto del 1 % a la extracción de combustibles fósiles, un gravamen progresivo a la gasolina y el encarecimiento de los biocombustibles, especialmente el etanol. A ello se suma un posible incremento del 20 % en las tarifas de energía para la industria, que afectaría tanto a las empresas generadoras como a la cadena productiva nacional.
De acuerdo con el investigador en sostenibilidad Camilo Prieto Valderrama, estas disposiciones pueden limitar la expansión de nuevos proyectos energéticos y generar un desbalance en el mercado: “Si la demanda crece, pero la oferta se restringe, el resultado es un aumento inevitable en el valor del kilovatio-hora, que finalmente pagará el consumidor”.
La normativa también ha sido cuestionada por ignorar el potencial de los vehículos híbridos, que en otros países han sido clave en la transición hacia una movilidad menos contaminante. Estos automotores, capaces de reducir hasta en 40 % las emisiones frente a los de combustión interna, podrían verse desplazados por la preferencia hacia opciones más económicas como el diésel, en un contexto de precios desiguales.
Los críticos advierten que, en conjunto, la ley no solo incrementará los costos de energía y transporte, sino que también significará un retroceso en las metas de descarbonización y sostenibilidad que el país se ha propuesto. El debate ahora se centra en cómo lograr un equilibrio entre la necesidad de recaudo fiscal y el impulso a una economía baja en carbono.
