La Aeronáutica Civil (Aerocivil) enfrenta un fuerte cuestionamiento tras el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que varios aeropuertos del país operan sistemas de agua potable y residual sin permisos ambientales vigentes, una omisión que no solo incumple la ley, sino que expone a pasajeros, trabajadores y comunidades cercanas a graves riesgos sanitarios.
El organismo de control estableció un presunto daño fiscal de $5.670 millones ligado a un contrato firmado en 2022 para el mantenimiento de estas plantas. Sin embargo, más preocupante aún es que terminales clave como Leticia, Puerto Asís, Villagarzón, Neiva, Pitalito, Mariquita, San Vicente del Caguán, Florencia y Guaymaral operan sin contar con concesiones de agua ni permisos de vertimientos, exigidos por las corporaciones autónomas regionales.
El hallazgo evidencia una falla estructural en la gestión de la Aerocivil, que, pese a manejar recursos millonarios, no garantizó el cumplimiento de requisitos básicos para proteger la calidad del agua. En regiones tan sensibles como la Amazonía, donde el aeropuerto de Leticia carece de licencias, la situación adquiere un carácter alarmante: los vertimientos sin control podrían afectar ecosistemas únicos y poner en riesgo la salud de poblaciones indígenas y ribereñas.
Más que un error administrativo, el informe refleja una cadena de negligencias dentro de la entidad encargada de velar por la seguridad aérea del país. Al no asegurar licencias ambientales, la Aerocivil no solo incumple la normatividad, sino que proyecta la imagen de una institución que opera bajo la lógica de “primero ejecutar, luego legalizar”, con consecuencias directas sobre la ciudadanía.
La Contraloría advirtió que esta omisión podría generar daños irreversibles en fuentes hídricas y en la salud pública, y dejó en evidencia que la responsabilidad recae en los directivos de la Aerocivil, quienes deberán responder por qué se priorizaron contratos multimillonarios sin resolver las condiciones mínimas de legalidad ambiental.
Este escándalo se suma a los retrasos en el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, donde también se evidenció baja ejecución pese a los recursos comprometidos. En conjunto, los hechos dibujan una institución debilitada, con proyectos rezagados y ahora señalada por comprometer la seguridad ambiental y sanitaria de miles de colombianos.
La pregunta que queda en el aire es contundente: ¿hasta cuándo la Aerocivil seguirá operando con descuido e improvisación, poniendo en juego no solo el dinero público, sino la salud y el ambiente de las regiones?
