La Defensoría del Pueblo abrió un espacio de diálogo en torno a la aplicación de la Ley 2292 de 2023, una norma que está transformando la vida de mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad al permitirles reemplazar la prisión por la prestación de servicios de utilidad pública.
El conversatorio, titulado “Mujeres privadas de la libertad y el sustituto de utilidad pública”, reunió a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales y defensores públicos, quienes coincidieron en que esta herramienta representa un avance hacia un sistema penal más humano y sensible a la realidad social de las mujeres.
Durante la apertura, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que la medida “abre la puerta a una justicia más racional y con enfoque de derechos humanos y de género”, resaltando que no se trata de impunidad, sino de alternativas que reconocen el papel central de las mujeres en el cuidado de sus familias.
Desde que entró en vigor la ley, 180 mujeres han accedido al beneficio, lo que les ha permitido mantener el vínculo con sus hijos y comunidades mientras cumplen su sanción a través de labores de servicio social. La Defensoría, además, fijó su postura institucional para evitar interpretaciones restrictivas, subrayando que la marginalidad debe entenderse en un sentido amplio y que el rol de madre cuidadora no se desvirtúa por tener redes de apoyo.
El encuentro también contó con la participación de magistrados como Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala de Casación Penal, y otros miembros de la Corte, quienes resaltaron que este tipo de medidas son una apuesta por una justicia más inclusiva y cercana a las realidades del país.
Más allá del ámbito legal, la iniciativa abre el debate sobre cómo el sistema penal puede adaptarse a contextos de desigualdad estructural y ofrecer respuestas que protejan tanto la justicia como la dignidad de las mujeres y sus familias.
