Un grupo de siete miembros de la Policía Nacional fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación, luego de ser señalados de apropiarse de una millonaria suma de dinero recuperada tras un asalto ocurrido en Buenaventura, Valle del Cauca. El caso, que involucra tanto a patrulleros como a subintendentes, ha encendido las alarmas sobre la corrupción interna en los cuerpos de seguridad del país.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Seccional Valle del Cauca, los uniformados participaron el 16 de noviembre de 2024 en un operativo para recuperar 210 millones de pesos robados de un hotel en la ciudad portuaria. Aunque el dinero fue hallado en el vehículo utilizado por los presuntos asaltantes, el reporte indica que los policías no entregaron el botín a las autoridades competentes y, presuntamente, habrían decidido repartirlo entre ellos.
Los procesados fueron identificados como los patrulleros Fabián Darío Espinosa Puello, José Jair Rodríguez Franco, Andrés Acosta Quinayas, José Nicolás Cuaran Mora y Jeimy Juliana Mingan Rodríguez, junto con los subintendentes Wilmer Mosquera Mosquera y Anderson Felipe Osorio Portillo.
Un fiscal les imputó el delito de peculado por apropiación, cargo que ninguno aceptó. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La captura de los implicados se llevó a cabo en Cali y Tuluá, por parte de agentes de la Dijín, adscritos al grupo especializado en delitos contra la administración pública.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa el desafío que enfrenta la institución policial en materia de transparencia y control interno, especialmente en operativos donde se recuperan recursos de origen ilícito. Las autoridades continúan recolectando pruebas para determinar la totalidad de los hechos y las posibles responsabilidades adicionales.
