El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una seria advertencia sobre el futuro del sistema energético y económico colombiano. Según el funcionario, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) —mecanismo creado para mitigar las fluctuaciones internacionales del petróleo— acumula un déficit superior a los $100 billones, una cifra sin precedentes que amenaza la estabilidad de las finanzas públicas.
Rodríguez explicó que los gobiernos de los últimos veinte años han usado los precios de los combustibles como una “válvula de escape” para resolver problemas fiscales temporales, generando efectos que ahora recaen sobre los ciudadanos y sobre la sostenibilidad del Estado.
Colombia, cada vez más dependiente de las importaciones
Uno de los puntos más preocupantes señalados por la Contraloría es la pérdida de autosuficiencia en la producción de combustibles. Hasta 2015 el país importaba menos del 2% de la gasolina que consumía; hoy las compras externas representan cerca del 20% de la demanda nacional.
En el caso del ACPM, la situación es aún más crítica: el consumo interno prácticamente iguala la capacidad total de producción, lo que deja al país vulnerable ante cualquier disrupción del mercado internacional.
Esta dependencia no solo incrementa los costos logísticos y fiscales, sino que también expone a los consumidores a la volatilidad de los precios globales del petróleo, especialmente en escenarios de conflictos internacionales o fluctuaciones del dólar.
El déficit del FEPC: un hueco que afecta a todos
El FEPC fue diseñado para amortiguar los impactos de los cambios en el precio internacional de los combustibles, pero según la Contraloría, su diseño inadecuado y falta de ajustes estructurales lo convirtieron en un foco de déficit constante.
El hueco financiero supera los $100 billones, monto que equivale a “20 reformas tributarias”, según el Contralor. Esos recursos, de haberse gestionado con mayor eficiencia, podrían haberse destinado a infraestructura, salud, educación o inversión social.
La Contraloría advierte que, si no se replantea la forma de financiación del fondo, el ajuste terminará trasladándose nuevamente al consumidor final, bien sea por medio de alzas graduales en los precios o de nuevos impuestos sobre los combustibles.
El costo oculto del contrabando y el narcotráfico
El informe también hace hincapié en la relación entre la demanda de combustibles y las economías ilegales. Se estima que entre el 4% y el 12% del consumo nacional de gasolina podría estar vinculado con el narcotráfico y el contrabando, generando pérdidas fiscales y aumentando la dependencia de importaciones.
A esto se suman las exenciones tributarias en zonas de frontera, que representan un costo fiscal de $417 mil millones anuales y que, según el organismo de control, incentivan la desviación de combustibles hacia el interior del país o su uso en la producción de drogas ilícitas.
Impacto directo en el bolsillo del ciudadano
El panorama descrito por la Contraloría se traduce, en la práctica, en un riesgo de aumentos sostenidos en los precios de la gasolina y el diésel, afectando a transportadores, comerciantes y consumidores.
Si el Gobierno opta por cubrir parte del déficit incrementando el IVA a los combustibles, como se ha planteado, el efecto sería inmediato sobre el costo del transporte y la canasta familiar, alimentando las presiones inflacionarias.
“Cada vez que el Estado busca resolver el hueco fiscal con el precio de los combustibles, es el ciudadano quien paga el costo del desequilibrio estructural”, advirtió Rodríguez.
Transición energética: una meta aún lejana
Aunque el país avanza en proyectos de energía limpia, el Contralor señaló que la transición energética no aliviará la demanda de combustibles fósiles en el corto plazo.
El desarrollo del hidrógeno verde continúa en etapa piloto, y los biocombustibles enfrentan limitaciones técnicas y ambientales. En ese sentido, Rodríguez subrayó que el país debe prepararse para un período prolongado de dependencia mixta entre fuentes renovables y fósiles, sin dejar desprotegida la autosuficiencia energética.
Auditoría a Ecopetrol: la lupa sobre el futuro del Permian
Dentro de una auditoría de cumplimiento, la Contraloría solicitó a Ecopetrol información sobre la posible venta del activo Permian, ubicado en Estados Unidos. El organismo busca verificar si la decisión cuenta con sustento técnico, jurídico y económico, y determinar su impacto en la estrategia de autosuficiencia del país.
“El análisis se hará con rigor y, de ser necesario, se convocará una mesa de trabajo con la alta dirección de Ecopetrol para garantizar transparencia y tranquilidad ciudadana”, señaló Rodríguez.
Conclusión: un equilibrio urgente entre sostenibilidad y bienestar
El llamado de la Contraloría no se limita a un tema contable. Es un aviso sobre el modelo energético y fiscal de Colombia, que se encuentra en una encrucijada: mantener precios estables para proteger a la población o ajustar tarifas para evitar el colapso financiero del sistema.
Lo que está en juego no es solo la estabilidad de las finanzas públicas, sino la capacidad del país para garantizar energía asequible, competitividad económica y equidad social en medio de un contexto global cada vez más incierto.
