La Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos disciplinarios contra José Gustavo Fierro Barahona, profesional de la Regional Valle del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por presuntos comportamientos de naturaleza sexual en contra de una subalterna, ocurridos en diciembre de 2021.
De acuerdo con el órgano de control, el caso fue abordado bajo enfoque de género, siguiendo los lineamientos y recomendaciones que se han construido alrededor de la implementación de la normativa que protege a las mujeres frente a violencias en el ámbito laboral y público.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca indicó que, al parecer, Fierro Barahona habría realizado insinuaciones de contenido sexual, injustificadas y groseramente irrespetuosas, hacia una compañera de trabajo. Dichas conductas, según el expediente, no solo se apartarían de la ética exigida a los servidores públicos, sino también de los estándares mínimos de respeto en cualquier entorno laboral.
El Ministerio Público subraya que el funcionario habría utilizado su posición de jefe inmediato para ejercer una presión indebida sobre la víctima, afectando su tranquilidad en el trabajo y su entorno personal. Esta presunta instrumentalización de la superioridad jerárquica se considera contraria a los principios de igualdad, respeto y convivencia que rigen la función pública.
Para la Procuraduría, el comportamiento atribuido al disciplinado habría lesionado la integridad, la dignidad, el estado emocional y el derecho a una vida libre de violencias de la mujer denunciante. Tales efectos, de comprobarse, también implicarían un golpe al principio de moralidad administrativa, que exige a los servidores manejar una conducta intachable dentro y fuera de su rol institucional.
Por la gravedad de los hechos y la forma como, presuntamente, se ejerció la autoridad, el Ministerio Público calificó de manera provisional la conducta como falta disciplinaria grave cometida a título de dolo, es decir, con intención.
El proceso contra el funcionario del ICBF Regional Valle se inscribe en una línea de acción en la que los órganos de control buscan enviar un mensaje claro a las instituciones públicas: las conductas de acoso, violencia o irrespeto de carácter sexual en el trabajo no son simples “malentendidos”, sino posibles faltas disciplinarias y violaciones a derechos fundamentales.
Mientras avanza el trámite disciplinario, la Procuraduría reiteró la importancia de que las entidades del Estado fortalezcan sus rutas internas de denuncia y acompañamiento a víctimas de violencias basadas en género, especialmente cuando estas se dan dentro de relaciones de poder jerárquico.
