Un reciente informe de la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional encendió las alarmas sobre el manejo de recursos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). La entidad detectó un presunto detrimento patrimonial que supera los $1.618 millones, atribuible a pagos que no guardaron relación con los avances reales de los proyectos supervisados.
El caso involucra la interventoría contratada mediante el convenio 371-2022, suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.. De acuerdo con el informe, los desembolsos aprobados no correspondían a los porcentajes de avance registrados en los planes operativos anuales de los contratos bajo seguimiento, lo que configuraría un pago injustificado.
Las conclusiones de la auditoría indican que, aunque los contratos supervisados mostraban progresos dispares —ninguno cercano al 100% que avalaría un pago total— la interventoría recibió la totalidad de los recursos pactados. Los avances técnicos verificados, que oscilaron entre el 44% y el 93%, distaban considerablemente de la ejecución completa que exige la normatividad para autorizar el desembolso final.
El hallazgo sugiere deficiencias significativas en los controles ejercidos por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), responsable de vigilar el uso adecuado de los recursos del PNIS. La Contraloría advirtió que estas fallas comprometen dineros destinados a proyectos productivos y a la seguridad alimentaria de familias vinculadas al programa, afectando directamente la sostenibilidad de las iniciativas comunitarias.
El ente de control anunció que continuará profundizando en la responsabilidad de los funcionarios involucrados y en los mecanismos internos que permitieron el presunto sobrepago, al tiempo que reiteró la necesidad de fortalecer la supervisión pública para evitar que se pierdan recursos clave para la transformación de los territorios rurales.
