Una de las sentencias más severas emitidas en el Valle del Cauca en los últimos años fue dictada contra Wilson Alexander Prado Cabezas, hallado culpable de una cadena de delitos sexuales y de secuestro que afectaron, al menos, a nueve mujeres. Un juez penal de conocimiento lo condenó a 57 años y 2 meses de prisión, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral.
La decisión judicial se fundamentó, entre otros elementos, en los contundentes resultados de los análisis forenses practicados por Medicina Legal, cuyos cotejos de ADN arrojaron una coincidencia del 99,99 % entre el perfil genético del condenado y las evidencias recolectadas en los casos investigados. Las víctimas tenían edades entre los 20 y 40 años.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Cali, Prado Cabezas utilizaba plataformas digitales para contactar a las mujeres o se ofrecía como motociclista para prestarles servicios de transporte. Una vez ganaba su confianza, las conducía bajo engaños a zonas apartadas de municipios como Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí, donde las intimidaba con amenazas de muerte, las golpeaba, les robaba sus pertenencias y las sometía a violencia sexual.
El expediente judicial reveló además que algunas de las víctimas fueron retenidas durante varias horas. En estos casos, el ahora sentenciado exigió dinero a los familiares a cambio de su liberación, con montos que iban desde tres millones hasta cifras desproporcionadas que alcanzaban los 3.000 millones de pesos, lo que agravó aún más su responsabilidad penal.
La condena lo declaró responsable de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todos en modalidad agravada. Adicionalmente, el juez le impuso una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ordenó que la pena se cumpla en un establecimiento carcelario.
Prado Cabezas fue capturado en diciembre de 2022 en el barrio Laureano Gómez de Cali, en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional, poniendo fin a una serie de hechos que generaron temor e indignación en varias localidades del sur del Valle del Cauca.
