Un diagnóstico sin precedentes sobre la salud financiera de la educación superior pública en Colombia encendió las alarmas. La Contraloría General de la República presentó los resultados del estudio “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, un informe que radiografía la situación presupuestal y operativa de las 34 universidades estatales del país y advierte sobre profundas brechas, riesgos estructurales y presiones crecientes que comprometen su estabilidad a mediano y largo plazo.
El análisis, liderado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, revisó ingresos, gastos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal. Por primera vez, además, se incorporaron cifras históricas que permiten una lectura integral del sistema universitario estatal (SUE).
Uno de los hallazgos más sensibles es la alta concentración de recursos públicos en pocas instituciones. Cuatro universidades —la Nacional de Colombia (UNAL), la Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle)— absorben casi la mitad de los ingresos del orden nacional y más de un tercio de los territoriales. Esta distribución, según la Contraloría, profundiza las asimetrías regionales y rompe el principio de equidad del gasto público.
Las diferencias también se reflejan en los ingresos por estudiante: mientras en la UNAL superan los 11 millones de pesos, en la UNAD apenas superan el medio millón, frente a un promedio nacional cercano a los 4,5 millones. “Estas brechas revelan un sistema desigual que limita las posibilidades de expansión y calidad en varias regiones del país”, señala el informe.
En materia de gasto, el patrón se repite. Las universidades de mayor tamaño concentran una porción significativa del presupuesto total, lo que confirma el peso financiero que recae sobre las instituciones con más cobertura, pero también deja en evidencia la vulnerabilidad de aquellas con menor músculo presupuestal.
Aunque el panorama no es totalmente negativo —el 75,8% de las instituciones presenta niveles de solvencia considerados adecuados y una cuarta parte mantiene bajos niveles de endeudamiento—, la Contraloría advierte que un grupo importante de universidades tiene márgenes de maniobra muy limitados para responder a sus obligaciones financieras.
El factor más crítico es el pasivo pensional, que ya alcanza los 10,3 billones de pesos y podría crecer aún más por la falta de actualización de cálculos actuariales. Esta carga está fuertemente concentrada en la UNAL y la Univalle, que juntas representan cerca del 58% del total. Para el ente de control, esta deuda desvía recursos que deberían destinarse a docencia, investigación e infraestructura, y frena el crecimiento institucional.
A estos datos se suman las percepciones de 31 universidades que participaron en una consulta complementaria. Las instituciones coinciden en señalar la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento sostenido de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para generar ingresos propios. También reclaman una actualización urgente de la Ley 30 de 1992, mayor diversificación de fuentes de financiación y un fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales.
El informe también pone la lupa sobre el impacto fiscal de la reforma a la Ley 30, contenida en el Proyecto de Ley 212 de 2024. Mientras el Ministerio de Educación calcula un costo de 22,1 billones de pesos entre 2027 y 2040, la Contraloría eleva la estimación a 27,8 billones para el período 2027-2036. Aunque reconoce que la iniciativa avanza hacia la gratuidad y niveles de financiación más cercanos a los estándares de la OCDE, advierte que cualquier incremento debe estar respaldado por fuentes claras, verificables y sostenibles.
En su conclusión, la Contraloría es categórica: la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que amenaza la sostenibilidad del sistema. Si bien se han logrado avances en inversión y gestión presupuestal, persisten desigualdades profundas y presiones financieras que exigen una revisión de fondo del modelo de financiación.
El llamado final es a una reflexión de política pública: definir si el país avanzará de manera decidida hacia la gratuidad y la universalidad de la educación superior, o si priorizará esquemas que garanticen, ante todo, la estabilidad financiera de las universidades públicas. Para el ente de control, ambas metas solo serán posibles con una reforma estructural que proteja los recursos misionales y distribuya de forma más equitativa el presupuesto del Estado.
ESTUDIO SECTORIAL: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS AÑOS 2019-2024
