Una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la administración del impuesto nacional destinado al turismo, al evidenciar presuntas fallas que comprometerían más de $28.000 millones de recursos públicos.
El informe, correspondiente a una revisión realizada durante el segundo semestre de 2025, identificó problemas en el recaudo, control y ejecución de este tributo, creado para financiar proyectos de infraestructura, promoción y competitividad del sector turístico. Para el ente de control, las inconsistencias detectadas reflejan debilidades en la gestión institucional y en los mecanismos de vigilancia fiscal.
El caso más crítico está relacionado con el proyecto de embarcaderos fluviales ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) en 81 municipios del país. Aunque la iniciativa contemplaba la instalación de 88 estructuras, solo cinco estaban en funcionamiento al momento de la evaluación, pese a que los módulos ya habían sido fabricados en su totalidad.
Esta diferencia entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos, que tendría un posible impacto fiscal superior a los $23.000 millones, sugiere deficiencias en la planeación, supervisión y contratación del proyecto, lo que podría afectar el propósito social del impuesto y la sostenibilidad de futuras inversiones en las regiones beneficiadas.
La Contraloría también detectó retrasos en la presentación de declaraciones del impuesto correspondientes a 2021 y 2022, situación que generaría otro detrimento cercano a los $5.300 millones. Estas irregularidades evidenciarían fallas en los controles que deben ejercer entidades como la DIAN, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR.
El organismo fiscal advirtió, además, que la autoridad tributaria no habría aplicado con suficiente rigor sus facultades de fiscalización y sanción, aumentando el riesgo de pérdida de recursos y afectando su ingreso oportuno al Presupuesto General de la Nación.
Los hallazgos comprometen la gestión de varias entidades, entre ellas los ministerios de Hacienda y de Comercio, la DIAN y FONTUR, y plantean interrogantes sobre el manejo de fondos estratégicos para una industria considerada motor del crecimiento económico.
Finalmente, la Contraloría subrayó la necesidad de fortalecer los controles financieros y contractuales para garantizar que el impuesto al turismo cumpla su objetivo de impulsar el desarrollo regional y mejorar la infraestructura del sector, evitando que retrasos e inconsistencias frenen su impacto en la economía nacional.
