Una jornada de protesta protagonizaron este martes los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) frente a la Gobernación del Quindío, en el centro de Armenia. Los trabajadores exigieron al gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya —quien además preside el Consejo Directivo de la autoridad ambiental— la firma del Acuerdo 001 de 2025, un documento para normalizar el manejo administrativo y financiero de la entidad.
Según los manifestantes, la falta de esta firma mantiene en un limbo institucional a la corporación, pues impide ratificar al director encargado, figura que debe actuar como ordenador del gasto. Sin esta facultad, aseguran, no es posible autorizar pagos, lo que ha generado la paralización de salarios, contratos y otros recursos esenciales para el funcionamiento de la autoridad ambiental.
Durante la concentración, los funcionarios advirtieron que la situación no solo afecta a los trabajadores, sino que también compromete la ejecución de programas ambientales, el seguimiento a proyectos y la atención de trámites ciudadanos. “No se trata únicamente de nuestros ingresos; está en riesgo la operatividad de la entidad encargada de proteger los recursos naturales del departamento”, señalaron algunos voceros.
La incertidumbre ha aumentado entre el personal administrativo y técnico, que teme un efecto dominó sobre procesos estratégicos como licencias ambientales, control de áreas protegidas y acciones de conservación. De prolongarse el bloqueo, indicaron, podrían presentarse retrasos en compromisos institucionales y en la prestación de servicios a la comunidad.
Los empleados hicieron un llamado urgente al mandatario departamental para que intervenga y permita superar la crisis administrativa. Aseguran que la firma del acuerdo no solo destrabaría los pagos pendientes, sino que devolvería la estabilidad a una entidad considerada fundamental para la gestión ambiental del Quindío.
Hasta el momento, desde la Gobernación no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de los trabajadores ni sobre los tiempos previstos para resolver la situación. Entretanto, los funcionarios no descartan nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas inmediatas.
El episodio deja en evidencia las tensiones internas que atraviesa la corporación y abre el debate sobre la necesidad de garantizar continuidad administrativa en organismos clave para el desarrollo sostenible del departamento.
