La justicia penal colombiana avanza en el esclarecimiento del asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, al avalar un preacuerdo que permitió condenar a una de las piezas logísticas del entramado criminal que ejecutó el ataque ocurrido en el occidente de la capital.
Tras evaluar el acuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, una jueza penal del circuito especializado de Bogotá dictó sentencia contra Katherine Andrea Martínez Martínez, señalada de cumplir un rol determinante en la cadena de suministro del arma utilizada en el magnicidio.
De acuerdo con la investigación, la mujer integraba una estructura dedicada a homicidios selectivos y otras actividades ilícitas. Su participación se centró en la recepción y traslado de un arma de fuego modificada para incrementar su capacidad letal, la cual fue recogida en la localidad de Suba y entregada posteriormente a uno de los coordinadores del plan criminal, en inmediaciones del parque El Golfito, en el sector de Modelia.
La Fiscalía estableció que ese movimiento logístico fue decisivo para que el arma llegara hasta el autor material del ataque. La aceptación de responsabilidad por parte de Martínez Martínez, así como su colaboración para reconstruir los hechos y la red involucrada, permitió cerrar el proceso mediante una condena que incluye delitos agravados relacionados con homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas.
La sentencia ordena el cumplimiento de la pena en centro carcelario y se suma a otros avances judiciales en uno de los casos más sensibles de la historia reciente del país, que reabrió el debate sobre la violencia política y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a líderes y candidatos.
