En medio del debate ciudadano por el cobro del Impuesto Predial Unificado, la administración de Filandia anunció la ampliación transitoria de los plazos para acceder a los descuentos por pronto pago, una medida que busca bajar la tensión, garantizar derechos y dar mayor margen a los contribuyentes para revisar sus liquidaciones.
La decisión, respaldada por el Concejo Municipal tras un análisis financiero y presupuestal, permitirá mantener beneficios escalonados durante varios meses de 2026. El objetivo central es ofrecer tiempo adicional para resolver reclamaciones relacionadas con avalúos y catastro, sin que los ciudadanos pierdan los descuentos ya establecidos.
Según cifras oficiales, el comportamiento de pago ha sido mayoritario. Tres de cada cuatro predios urbanos ya cumplieron con la obligación tributaria proyectada para 2026, accediendo al descuento máximo del 25%. En la zona rural, el cumplimiento también supera la mitad de los contribuyentes. Para la administración, estos datos evidencian confianza institucional y desvirtúan versiones que advierten una supuesta crisis fiscal o rechazo generalizado al impuesto.
El proyecto de ampliación de plazos contempla mantener el 25% de descuento hasta finales de abril, reducirlo progresivamente en mayo y junio, y cerrar así el primer semestre con incentivos aún vigentes. De forma paralela, la entidad encargada del recaudo y la gestión catastral continúa atendiendo solicitudes ciudadanas, varias de las cuales ya han sido resueltas a favor de los contribuyentes tras revisiones técnicas y jurídicas.
Desde la Alcaldía se insistió en que la actualización catastral no responde a decisiones arbitrarias ni improvisadas, sino al cumplimiento de una obligación legal que llevaba más de una década sin ejecutarse de manera estructural. La administración sostiene que el proceso se adelanta con estudios técnicos, respaldo jurídico y apertura al diálogo con la comunidad.
El gobierno municipal también fue enfático en señalar que los recursos del impuesto predial son fundamentales para financiar obras y programas locales, especialmente en infraestructura vial, servicios públicos, desarrollo rural, turismo y atención social. En ese sentido, reiteró el llamado a un debate público sustentado en argumentos y datos verificables, evitando escenarios de desinformación que, aseguran, no contribuyen a la construcción colectiva del municipio.
Con la ampliación de los plazos y la continuidad en la atención de reclamaciones, Filandia busca cerrar el debate tributario con mayor certidumbre, transparencia y estabilidad financiera, apostándole a un recaudo responsable que se traduzca en inversión social y calidad de vida para la comunidad.
