Un caso de violencia extrema contra la niñez, que permanecía oculto al interior de un hogar, salió a la luz gracias a la denuncia oportuna de un familiar. Este acto permitió no solo el rescate de dos menores de 4 y 5 años, sino también la judicialización y condena de los responsables en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.
La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, evidenció un patrón sistemático de maltrato físico y psicológico que se extendió durante más de un año, entre 2023 y 2024. Las víctimas eran sometidas a castigos crueles y degradantes dentro de su propia vivienda, un entorno que debía ser de protección.
De acuerdo con el material probatorio presentado ante un juez, los menores fueron víctimas de actos inhumanos como quemaduras en sus manos, permanecer atados durante largos periodos, ser obligados a ingerir alimentos del suelo e incluso de la basura, y dormir en condiciones indignas. Estas agresiones eran perpetradas por el padrastro, con el conocimiento y la permisividad de la madre.
Los dictámenes del Instituto de Medicina Legal confirmaron múltiples lesiones, hematomas y signos de violencia continuada, tanto física como emocional, lo que reforzó la gravedad de los hechos ante las autoridades judiciales.
Ante la contundencia de las pruebas, los implicados aceptaron su responsabilidad en los delitos de tortura y lesiones personales agravadas. Como resultado, el juez del caso impuso una condena de 12 años y 6 meses de prisión al padrastro, mientras que la madre fue sentenciada a 2 años y 8 meses por su complicidad en los hechos.
Actualmente, los menores se encuentran bajo protección de las autoridades competentes, adelantando el proceso de restablecimiento de sus derechos, tras haber sido liberados de un entorno marcado por el abuso y el sufrimiento.
Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para proteger a los más vulnerables y activar la respuesta institucional frente a situaciones de violencia intrafamiliar.
