La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de maltrato animal a María Constanza García Aguirre, propietaria de un hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca, tras establecer presuntas irregularidades en las condiciones de cuidado de centenares de perros albergados en el lugar.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), en diferentes diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC) y 25 fundaciones animalistas, se evidenció que en el predio llegaron a permanecer más de 300 caninos en condiciones que comprometían su salud y bienestar.
Las autoridades señalaron que el establecimiento recibía donaciones y ayudas destinadas al sostenimiento de animales rescatados de situaciones de abandono o riesgo en las calles. Sin embargo, las inspecciones permitieron advertir posibles deficiencias en la atención y protección de los perros que permanecían en el lugar.
Uno de los hallazgos más relevantes se registró durante una visita realizada el 12 de agosto de 2022, cuando fueron encontrados animales con acceso insuficiente a agua y alimento, además de permanecer en espacios que no contaban con la infraestructura necesaria para garantizar condiciones adecuadas de bienestar.
Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, varios de los perros presentaban problemas de salud, entre ellos desnutrición, enfermedades y lesiones físicas, situaciones que habrían afectado su integridad y calidad de vida.
Con base en estos elementos, un fiscal de GELMA formuló imputación contra García Aguirre por el presunto delito de maltrato animal. La procesada no aceptó el cargo durante la diligencia judicial.
