El Tribunal Superior de Popayán condenó a la exfiscal de El Tambo, Cauca, María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión tras encontrarla responsable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, en un caso relacionado con la obstrucción de un proceso de extradición solicitado por autoridades de Estados Unidos.
La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que la entonces funcionaria intervino en actuaciones irregulares que beneficiaron a un ciudadano colombiano requerido por una corte distrital estadounidense por presuntos delitos asociados al tráfico internacional de estupefacientes.
De acuerdo con la investigación, después de que el Gobierno Nacional avalara la solicitud de extradición el 17 de mayo de 2016, Fernández Chávez promovió un proceso penal paralelo e imputó al requerido por el delito de rebelión. La acusación se sustentó en una supuesta investigación por vínculos con un grupo armado ilegal, información que posteriormente fue establecida como falsa.
La Fiscalía también evidenció que durante el trámite fueron omitidos antecedentes relacionados con una notificación roja de Interpol. Asimismo, se incorporaron documentos con inconsistencias en firmas y otros elementos que no correspondían a información auténtica.
Entre los hallazgos del proceso se conoció además que desapareció la grabación de la audiencia de imputación. Aunque una autoridad judicial ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la entonces fiscal se opuso a cumplir dicha instrucción.
Según el expediente, la imputación por rebelión permitió que, en enero de 2017, el ciudadano solicitado en extradición interpusiera una acción de tutela argumentando vulneración al principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. La decisión judicial derivada de ese recurso impidió temporalmente su envío a Estados Unidos.
Además de la pena privativa de la libertad, María del Socorro Fernández Chávez deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitada para ejercer cargos y funciones públicas durante 104 meses.
La sentencia representa el cierre de uno de los procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos en actuaciones vinculadas a solicitudes internacionales de extradición.
