Siete integrantes de una estructura delincuencial fueron condenados tras aceptar su participación en la explotación de niños y niñas de la comunidad indígena Emberá Katío para actividades de mendicidad en distintos sectores de Medellín. La decisión fue adoptada luego de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación y avalado por una juez penal de conocimiento.
Los sentenciados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar. Según las investigaciones, entre 2024 y 2025 participaron en al menos diez hechos relacionados con la utilización de menores de edad para obtener recursos económicos mediante solicitudes de ayuda a turistas y transeúntes.
La Fiscalía estableció que los niños eran empleados para sensibilizar a ciudadanos nacionales y extranjeros, quienes adquirían pañales, leche y otros productos de primera necesidad. Posteriormente, estos artículos eran revendidos para generar ganancias económicas para la organización.
De acuerdo con el ente acusador, Ana Lucía López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial, tenía un papel relevante en la compra y reventa de los productos obtenidos. Entre tanto, Nahomi Karlais López Goyo, Ángela del Valle Valera Graterol, Yosmairi Coromoto Barrios y Milagros del Valle Sira Espinoza recorrían diferentes zonas de la ciudad con bebés en brazos y mensajes alusivos a necesidades básicas para captar la solidaridad de los ciudadanos.
Las investigaciones también determinaron que Wilfreddy Johan Godoy Villamizar se encargaba del transporte y la comercialización de los elementos recolectados mediante esta modalidad, mientras que los demás integrantes cumplían funciones de apoyo dentro de la operación ilegal.
Por estos hechos, la autoridad judicial impuso condenas por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Las penas de prisión establecidas para los responsables oscilan entre 24 y 39 meses.
La Fiscalía indicó que este resultado hace parte de las acciones orientadas a combatir las redes que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente de comunidades en condición de vulnerabilidad.
