La Contraloría General de la República alertó que, aunque Colombia fortaleció el marco legal para la protección de los derechos de las personas con discapacidad entre 2022 y 2025, persisten deficiencias en la gestión institucional y presupuestal que impiden avances estructurales para esta población.
El análisis, elaborado por la Delegada para Población Focalizada, señala que durante ese periodo fueron aprobadas 14 leyes orientadas a promover derechos relacionados con inclusión educativa, accesibilidad, empleo, salud, protección social y apoyo a cuidadores. Sin embargo, el organismo de control indicó que varias de estas normas aún requieren reglamentación y presentan una implementación desigual en las diferentes regiones del país.
El informe también advierte que los cambios en la entidad responsable de coordinar la política pública de discapacidad han generado falta de continuidad. Esa competencia pasó del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior, posteriormente a la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y, desde 2023, al Ministerio de Igualdad y Equidad.
Según la Contraloría, este panorama podría agravarse debido a la posible desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad a partir del 20 de julio de 2026, luego del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que dio origen a esa cartera. De concretarse ese escenario, existiría incertidumbre sobre la dirección de la política pública y el funcionamiento de entidades como el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El organismo de control igualmente evidenció dificultades para hacer seguimiento a los recursos destinados a esta población, al señalar que no existe una trazabilidad presupuestal suficiente que permita evaluar la inversión pública y facilitar la rendición de cuentas.
En materia de ejecución de recursos, la Contraloría reportó que el proyecto “Mejoramiento de las Condiciones de Accesibilidad Socioeconómica de la Población con Discapacidad”, con una asignación de 38.494 millones de pesos para el periodo 2024-2025, alcanzó una ejecución acumulada del 17 %. El informe precisa que durante 2024 se ejecutó el 23 % del presupuesto anual y en 2025 apenas el 1 %, situación que pone en riesgo las metas previstas para beneficiar a 2.847.000 personas.
Finalmente, la entidad identificó retos en áreas como la vinculación laboral, la certificación de personas con discapacidad, el acceso al Sistema Público de Empleo, la formación profesional y la prestación de servicios accesibles. La Contraloría concluyó que el fortalecimiento de una institucionalidad estable y de una inversión sostenida será determinante para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esta población.
