Los patrulleros activos de la Policía, Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett y, según las investigaciones habrían inmovilizado de manera arbitraria una motocicleta a un ciudadano a quien, le habrían exigido al conductor dos millones de pesos por devolverle el automotor, que ellos mismos le habrían inmovilizado en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín.
Un juez de control de garantías de Medellín que dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad falo que fue apelado por la fiscalía al tipificarse como un hecho de corrupción.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública señaló a los procesados como los posibles responsables de haber realizado la exigencia económica ilegal
