La Fiscalía General de la Nación judicializó al exjuez de Sasaima, Cundinamarca, Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, por su presunta participación en una estructura dedicada a promover procesos judiciales en despachos que no tendrían competencia territorial, con el propósito de conseguir embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos retenidos.
De acuerdo con la investigación, el entramado habría involucrado a notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente elaboraban títulos ejecutivos para iniciar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a los lugares de residencia de las personas involucradas.
La Fiscalía estableció que entre 2020 y 2025, el despacho que estuvo bajo responsabilidad de Burgos Rodríguez tramitó 1.660 procesos asociados con esta modalidad. El exfuncionario habría admitido demandas pese a que, en algunos casos, no tendría competencia territorial, además de ordenar retenciones sobre pensiones y adoptar decisiones que permitían mantener los recursos bajo custodia judicial.
Uno de los elementos recopilados por los investigadores corresponde a 21 procesos en los que las decisiones adoptadas habrían permitido embargar hasta el 50 % de las mesadas pensionales. Según el ente acusador, estas actuaciones terminaron con la entrega de más de 1.150 millones de pesos a un mismo accionante.
Dentro de los casos analizados también aparece el de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas. La investigación señala que en 2022 habría sido engañada para firmar documentos en blanco que posteriormente fueron utilizados para presentar una demanda ejecutiva.
Como resultado de ese procedimiento, la mujer habría perdido 63 millones de pesos, de acuerdo con los elementos conocidos por la Fiscalía.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.
El exjuez no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso. La investigación busca establecer la participación y responsabilidades de las demás personas que presuntamente habrían intervenido en este esquema.
