La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío solicitó al Ministerio del Trabajo y al Fondo Milagro modificar los requisitos del programa de apoyo a la nómina establecido en el Decreto Legislativo 1417 de 2026, con el propósito de facilitar el acceso de las empresas afectadas por el terremoto del 10 de agosto y contribuir a la conservación de los empleos.
La petición fue presentada por Rodrigo Estrada Revéiz, presidente ejecutivo de la entidad, ante Natalia Eugenia López Fuentes, ministra del Trabajo, y Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente nacional del Fondo Milagro. La organización considera que las condiciones actuales pueden excluir a negocios que registraron pérdidas de ingresos o tuvieron que suspender sus actividades tras la emergencia.
La propuesta contempla cuatro modificaciones. La primera busca eliminar la obligación de registrar individualmente a los trabajadores en el Registro Único de Damnificados (RUD), para que las empresas puedan certificar cuáles empleados tenían una vinculación laboral formal al momento del sismo.
El segundo planteamiento apunta a permitir la participación de empleadores cuya mora en los aportes a seguridad social se haya originado después del 10 de agosto de 2026 como consecuencia de la emergencia. También propone admitir a empresas con acuerdos de pago vigentes, siempre que existan mecanismos para normalizar sus obligaciones.
La tercera iniciativa consiste en establecer una sola postulación para los seis ciclos previstos en el programa, con verificaciones mensuales automáticas mediante la información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Según la Cámara de Comercio, este mecanismo reduciría los trámites administrativos para las empresas, las entidades financieras y el organismo encargado de gestionar los recursos.
Como cuarta medida, la entidad plantea solicitar al Gobierno Nacional el aplazamiento, por un período de tres a seis meses y sin intereses, de los aportes parafiscales destinados al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las cajas de compensación familiar.
La Cámara señala que tres de las cuatro propuestas podrían aplicarse mediante ajustes a la reglamentación operativa, mientras que el aplazamiento de los aportes parafiscales requeriría una norma con fuerza de ley, de acuerdo con las condiciones jurídicas expuestas en la solicitud.
Con estas iniciativas, el gremio busca que el mecanismo de apoyo responda a las dificultades financieras que enfrentan los establecimientos afectados por el sismo, facilite el cumplimiento de sus obligaciones laborales y reduzca el riesgo de pérdida de puestos de trabajo en el departamento.
